Pasta base

A fines de 2003 el todavía entonces ministro del Interior Guillermo Stirling puso en marcha un decreto del poder Ejecutivo, en colaboración con el Ministerio de Deporte y Juventud, que somete a los funcionarios policiales a exámenes antidóping obligatorios. Ya en mayo de 2004 había dos casos positivos, lo que implicó la realización de sumarios y separación de cargos. La ley 14.294 y su modificación posterior, la 17.016, establecen en forma explícita que el consumo de drogas no constituye delito ni falta alguna en Uruguay. La contradicción se hizo evidente. En mayo de 2004 el flamante ministro del Interior, Daniel Borrelli, solicitó entonces, sin mucho eco, que se penalizara el consumo de drogas. “El consumo no es penalizado porque se trata como una enfermedad. Y esto es lamentable porque detrás del escudo de consumidor de drogas muchas veces se esconde un traficante pequeño de drogas”, dijo. Para este ministro, consumidores y narcotraficantes son una sola cosa, y el ejemplo más claro de esta fusión serían los consumidores ocasionales de alguna sustancia psicoactiva. La criminalización del usuario de drogas, aun en los casos menos ruidosos y conflictivos, es transparente en esta intentona.

No pasó mucho tiempo antes de que se produjera un nuevo intento de siembra. El pasado viernes 2 el director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, comisario inspector Julio Guarteche, lanzó a los cuatro vientos la propuesta de realizar ahora pruebas antidóping a los integrantes de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, las Fuerzas Armadas y conductores del transporte colectivo. El test sería oportuno, a su juicio, cada vez que alguien desempeñe alguna función de riesgo (la metáfora ejemplar del cirujano que opera bajo efecto de drogas se hizo presente), lo que promete hacer de la lista algo gigantesco.

Los fundamentos, para este experto de la “lucha contra la droga”, son dos: por un lado, garantizar la eficacia de la labor de aquellos profesionales que trabajan con vidas -algo que la ley ya prevé en caso de errores-, y por otro evitar el desarrollo del narcotráfico, ya que un “legislador consumidor es una puerta de ingreso del crimen organizado”.

La propuesta de Guarteche tiene un fuerte olor populachero -la clásica idea de que los “de arriba están en la joda y se la llevan gratis”-, y hace agua por todos lados. Guarteche parece ignorar que aplicar tests cualitativos tiene un enorme problema: los falsos positivos. Este tipo de pruebas, si bien es de gran sensibilidad, no es muy específico (a diferencia de otros tests como la cromatografía gaseosa), por lo que un resultado positivo puede obedecer a cualquier otra sustancia ingerida (medicamentos, por ejemplo) que nada tiene que ver con la que se busca detectar.

Pero aun más grave es el hecho de que con el objetivo de evitar errores laborales se termina legitimando el avasallamiento del derecho a la intimidad. No es un secreto que la cocaína se puede detectar hasta tres días después de haber sido utilizada, y en el caso de la marihuana (debido a que se aloja en la grasa corporal) hasta un mes más tarde. Esto implica que si una persona consumió alguna droga en una fiesta durante el fin de semana, pese a que el lunes arranca su actividad laboral sin que persista ningún efecto de esa sustancia, corre el riesgo, si se le aplica un test, de perder su trabajo. La formas de recreación que cada sujeto elige, mientras sean legales, no tienen por qué ser objeto de control por parte del Estado. Es claro que se busca instrumentar una forma de control social que invada la vida privada.

El tema es similar entre los deportistas. Es claro que nadie consume cocaína o marihuana para mejorar su rendimiento deportivo (el control se practica teóricamente para garantizar que no se usan sustancias que afectan la masa muscular o el rendimiento), pero de todas formas un consumo recreativo se puede convertir en un problema en su carrera profesional. Es que para algunos sectores de la sociedad los deportistas deben ser un “ejemplo” modélico de “salud” para el resto. Imposición que condena al jugador a adherir a un estilo de vida que no escogió y que probablemente no comparte. La propuesta de Guarteche tuvo escasa aceptación. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie van Rompaey, recalcó, al igual que varios políticos, que la estrategia adecuada pasa por perseguir al narcotraficante y no al consumidor.

Editado por Diego Sempol Brecha. Uruguay